Dura condena a la Administración de menores (DGAIA) por un grave error

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condenado a la Generalitat a pagar 300.000 euros a una pareja a la que retiró la custodia de sus dos hijos pese a haber informes médicos que indicaban que no se habían producido maltratos.

Uno de los pequeños estuvo 25 meses separado de sus padres y el otro 17

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Reportaje sobre nuestro sistema de protección de menores

Un interesante artículo que nos obliga a reflexionar sobre nuestro sistema de protección:

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Prevención en la protección de la infancia y la adolescencia

Publicado en «El Periódico de Catalunya», el 7 de abril de 2016

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Los casos de bebés robados que por fin están llegando a los Tribunales son la punta de iceberg de un sistema ancestral de protección de la infancia que presenta serias carencias. Los servicios sociales, con su infinidad de técnicos y unas dotaciones presupuestarias importantes, se dedican fundamentalmente a intervenir en las situaciones que ellos consideran de riesgo, y no a ayudar a las familias que pasan por situaciones de dificultad.

Nadie entendería, por ejemplo, un sistema de salud público que solo se dedicara a intervenir quirúrgicamente a los pacientes, y no contemplara la atención primaria bajo la excusa de que esa no es su competencia. La atención a la infancia y la adolescencia no se debería limitar, casi exclusivamente, a retirar tutelas con protocolos muy cuestionados.

Los hijos que están buscando a sus padres biológicos, o los padres que buscan a sus hijos arrebatados al nacer, en ejercicio del legítimo derecho a conocer los orígenes, no están atravesando situaciones demasiado diferentes a la de miles de familias que ven cómo sus hijos son tratados injustamente por nuestro sistema de protección, que en vez de trabajar la prevención, de ayudar desde el principio, se dedica sobre todo a la intervención, cuando las soluciones son mucho más difíciles y costosas.

Esperemos que esta vez, cuando se haya tranquilizado el panorama político, se aborde de una vez la reforma de la protección de los niños y adolescentes, asignatura pendiente de nuestro estado de bienestar.

Francisco Cárdenas es presidente de Aprodeme

Reunión-taller de APRODEME

Estáis todos invitados al próximo taller de APRODEME, que será el jueves 31 de marzo, a las 19h en el centro Cívico Urgell, calle Comte d’Urgell 145 (entre Mallorca y Provença), en Barcelona.

El acto es gratuito, por favor confirmad la asistencia en: asociaciondefensamenores@gmail.com

Más información: Anuncio Taller Aprodeme 31 de marzo 2016

Os dejamos aquí un video de uno de los talleres celebrados:

Los silencios se tienen que romper ¿Cómo asimilan los niños adoptados la información sobre su origen?

«No revelar el origen del niño adoptado produce efectos perjudiciales en la persona y genera desconfianza e inseguridad entre padres e hijos. La edad ideal para comunicar a nuestro hijo que es adoptado es en los primeros años de vida.»

En relación a un caso real se comenta: «La relación con sus padres siguió dentro de los cauces de la normalidad. Supo que ellos querían hablar con ella mucho antes, pero fueron pasando los años y no fueron capaces. “Mis padres lo han hecho todo bien, solo una cosa que no han hecho ni siquiera mal, que es hablar. Esto es por miedo, por precaución, llámalo como quieras. Las cosas, al final, se tienen que resolver y los silencios, sean conscientes o inconscientes, sean secretos o por simple omisión, se tienen que romper”

Extraído de un artículo de María Abalo Gandía. Ver completo aquí

Todos los niños adoptados tienen derecho a conocer su origen e historia

Hasta no hace muchos años hablar de adopción entre padres e hijos adoptivos era sinónimo de un sepulcral silencio. Los padres creían que informar sobre la verdad a sus hijos podía afectar a su desarrollo físico y emocional. Hoy, los estudios de psicología infantil demuestran que no revelar el origen del niño adoptado produce efectos perjudiciales en la persona y genera una brecha de desconfianza e inseguridad entre padres e hijos adoptivos.

Muchos menores  sospechan de su condición de hijos adoptados desde temprana edad. Sin embargo, el temor de las familias a revelar la verdad sobre sus orígenes conduce a muchos de ellos a inhibir su capacidad de preguntar e inconscientemente frenan su curiosidad natural.“Una de las consecuencias de la ausencia de información es anular el deseo de conocer. Estas situaciones conducen a los hijos a pensar que saber resulta peligroso y que puede poner en peligro el amor que tienen los hijos por sus padres”,

Extraido de un reportaje de  María Abalo Gandía

Ver el texto completo aquí

Reformar el sistema de protección de menores

Ponencia presentada en febrero de 2016 en el Congreso Mundial organizado por el Consejo Independiente para la Protección de la Infancia

Que los padres no tengan hijos

Transcribo aquí este artículo de Javier Mato publicado en El Mundo, que me parece un reflejo excelente de una situación por la que pasan cientos de familias:

Durante casi dos años, cada vez que detenía mi coche en el semáforo de General Riera y la calle Uruguay, observaba el extraño espectáculo de una familia acampando en la puerta de una dependencia del Consell de Mallorca. Tanto en los calurosos días de verano como en las lluviosas noches de invierno, tanto en los ajetreados días laborables como en la solitaria Nochebuena, la familia mantenía su protesta. En todo ese tiempo pude leer las incontables pancartas que se resumían en un grito desesperado de quien ruega que le devuelvan a sus hijos, cuya tutela le había retirado el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), el organismo del Consell encargado de estos asuntos. «La vida de unos padres no tiene sentido sin sus hijos» diría esta familia a la escasa prensa que se interesó por ellos. Pese a que con el tiempo la escena terminó por incorporarse al paisaje, yo nunca dejé de preguntarme si estos padres tendrían razón, porque este es uno de los pocos motivos que a mí también me habría llevado a protestar ante quien sea.

Este verano me quedé consternado al leer en este periódico una entrevista hecha a estos padres. Primero, porque nunca pensé que la decisión de retirar la tutela de los hijos fuera potestad de los funcionarios de la Administración y no de los jueces; es un simple procedimiento administrativo. Y segundo, porque el motivo para la retirada de la tutela fue una «situación económica inestable» de la que se infiere «desamparo». La familia dice que estas razones son falsas y yo, por mi parte, desconozco los hechos. Pero sí sé que el Consell ha perdido a la mayor de los hijos, que se fugó del centro donde estaba albergada. Digamos que si la Administración quita los hijos a una familia por desamparo, supongo que ahora el Consell también debería si eso es lo que entiende por amparo.

Dictaminar sobre las relaciones entre padres e hijos es muy delicado porque son asuntos tan complejos como sutiles: cada familia tiene su cultura y su historia; cada conducta tiene sus simbolismos particulares difíciles de aprehender por alguien ajeno a ese entorno, y menos a vuelapluma. Pese a ello, es evidente que hay padres a quienes es necesario retirarles la tutela de los hijos porque simplemente no tienen lo mínimo que es exigible. ¿Qué es lo mínimo? Supongo que cada uno tiene una respuesta diferente a esta pregunta, pero para mí lo mínimo es amor; lo demás es secundario. Todo lo demás. Absolutamente todo. Porque si hay amor toda otra carencia es llevadera. Incluso fortalece. Desde luego, no es una desgracia ser hijo de pobres; sí lo es vivir sin unos padres que te quieran.

Sin embargo, las familias afirman que el motivo central para la retirada de los hijos ha sido la falta de recursos. ¿No tener dinero es motivo suficiente en este país para quitarle los hijos a alguien? ¿Esto es verdad? ¿Puede un funcionario determinar que una persona ha de perder a sus hijos porque no dispone de recursos? Si esto fuera así, ¿vemos qué cerca nos encontramos de prohibir que los pobres puedan cuidar a sus hijos?

Según la Ley, en Mallorca es el Institut d’Afers Socials quien retira las tutelas de los hijos. Como todo acto administrativo, es recurrible, pero en España estos contenciosos no tienen derecho a justicia gratuita, con lo que si estas familias no tenían recursos para los hijos, menos tendrán para un juicio.

Reconozco que no me aproximo a este asunto desde la imparcialidad. No, a mí que una familia esté un año en la intemperie pidiendo que le devuelvan a sus hijos me ablanda. Entre una familia que ofrece amor sin dinero y una institución que dispone de dinero sin amor, no tengo dudas. Para mí no hay color entre amar a un hijo y que te paguen por cuidarlo, como sucede con los funcionarios. No hay color entre ser padre las veinticuatro horas, trescientos sesenta y cinco días al año, y encargarse de la formación de un niño en horario de trabajo, durante los días a la semana que toca, excluidas vacaciones y fiestas de guardar. No dudo de quienes se encargan de estos servicios, pero un padre o una madre no tienen salario ni límites en su dedicación. Un padre o una madre son capaces de estar dos años durmiendo en la calle por los hijos.

Una de las afectadas por estas retiradas de tutela cuenta que, incapaz de mantener a su hijo, acudió a la institución a pedir ayuda económica y que, en lugar de apoyarla, le retiraron los hijos. Tiempo después encontró trabajo, pero siguen sin devolverle a sus pequeños, que están en un proceso administrativo de cesión a una familia o a una institución -las cuales, paradójicamente, sí cobran por ello- para más tarde iniciar un proceso de adopción.

Yo ignoro los recovecos legales de estos asuntos, pero tengo claro que una familia que es capaz de estar casi dos años así, debe de querer a sus hijos. Más cuando no se han marchado a casa agotados, sino expulsados por una orden judicial, porque al Consell le molestaba la protesta. Curioso que una institución integrada por gentes que reivindican el derecho a la protesta general, pida a la Justicia que retire a una familia que sólo exigía pacíficamente que les devolvieran a los hijos. Curioso.

Yo siempre pensé que este conflicto acabaría cuando alguien de la institución se sentase a hablar con esa gente indefensa. En una sociedad donde todo el mundo está del lado del débil, imaginaba que esto acabaría así. Nunca creí que a la protesta pacífica se le contestaría con una orden de expulsión. O sin una revisión del asunto. Así es como ha acabado. La encargada de esta área del Consell se explicó así ante la prensa: «Estos manifestantes han intentado poner en duda el trabajo, la profesionalidad, el rigor y la credibilidad de los profesionales del área de menores». Debería haber añadido «hasta ahí podíamos llegar».

¿Es que no son profesionales en otras autonomías, donde ceden estos niños a otros miembros de las mismas familias, porque, aducen, se logran mayores índices de éxito? ¿No son los niños lo más importante? ¿No están mejor con los abuelos, los tíos o los primos?

No sé si aquí hay una injusticia, pero siento que estamos tan cerca de ello que bien merecería la pena que estos asuntos tuvieran una segunda instancia, que pudieran ser estudiados por un tercero, que se les pagara un abogado a estas víctimas para que un juez decida. La «profesionalidad, el rigor y la credibilidad» de los funcionarios no debería temer a la transparencia.

Javier Mato es periodista y profesor del CESAG.

 

Artículo original aquí

Ponencia y debate sobre protección de menores

Ayer miércoles 10 de febrero tuvimos ocasión de presentar en la Universidad de Barcelona la ponencia «LA NECESARIA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES EN ESPAÑA» en el marco del Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo que organiza El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI)
Una excelente oportunidad de debatir con profesionales y también familias afectadas sobre nuestro sistema actual, sus disfunciones y propuestas de mejora. En cuanto la organización nos lo facilite colgaremos aquí el vídeo de la presentación. Para más información: CONGRESO

Es necesario un debate sobre la protección de nuestros menores

A raíz de un desafortunado episodio (un torero con su hija de meses toreando) se ha generado un gran debate.
Las tradiciones en este país nos llevan, en ocasiones, a cometer auténticas barbaridades y esta es una más. Poner en peligro a una menor de una forma gratuita e innecesaria no tiene justificación.
No es una buena imagen que ayude en el debate que sí es verdaderamente necesario y muy urgente: cómo protegemos a nuestros menores desde las familias, pero también desde la Administración. También desde un despacho se puede incurrir en maltrato infantil, y eso pasa demasiado a menudo. Lo vemos cada día en APRODEME.

Empecemos ya este debate para mejorar la gran cantidad de disfunciones que nuestro sistema tiene.

Escuchar aquí una intervención en Onda Cero: