Transcribo aquí este artículo de Javier Mato publicado en El Mundo, que me parece un reflejo excelente de una situación por la que pasan cientos de familias:
Durante casi dos años, cada vez que detenía mi coche en el semáforo de General Riera y la calle Uruguay, observaba el extraño espectáculo de una familia acampando en la puerta de una dependencia del Consell de Mallorca. Tanto en los calurosos días de verano como en las lluviosas noches de invierno, tanto en los ajetreados días laborables como en la solitaria Nochebuena, la familia mantenía su protesta. En todo ese tiempo pude leer las incontables pancartas que se resumían en un grito desesperado de quien ruega que le devuelvan a sus hijos, cuya tutela le había retirado el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), el organismo del Consell encargado de estos asuntos. «La vida de unos padres no tiene sentido sin sus hijos» diría esta familia a la escasa prensa que se interesó por ellos. Pese a que con el tiempo la escena terminó por incorporarse al paisaje, yo nunca dejé de preguntarme si estos padres tendrían razón, porque este es uno de los pocos motivos que a mí también me habría llevado a protestar ante quien sea.
Este verano me quedé consternado al leer en este periódico una entrevista hecha a estos padres. Primero, porque nunca pensé que la decisión de retirar la tutela de los hijos fuera potestad de los funcionarios de la Administración y no de los jueces; es un simple procedimiento administrativo. Y segundo, porque el motivo para la retirada de la tutela fue una «situación económica inestable» de la que se infiere «desamparo». La familia dice que estas razones son falsas y yo, por mi parte, desconozco los hechos. Pero sí sé que el Consell ha perdido a la mayor de los hijos, que se fugó del centro donde estaba albergada. Digamos que si la Administración quita los hijos a una familia por desamparo, supongo que ahora el Consell también debería si eso es lo que entiende por amparo.
Dictaminar sobre las relaciones entre padres e hijos es muy delicado porque son asuntos tan complejos como sutiles: cada familia tiene su cultura y su historia; cada conducta tiene sus simbolismos particulares difíciles de aprehender por alguien ajeno a ese entorno, y menos a vuelapluma. Pese a ello, es evidente que hay padres a quienes es necesario retirarles la tutela de los hijos porque simplemente no tienen lo mínimo que es exigible. ¿Qué es lo mínimo? Supongo que cada uno tiene una respuesta diferente a esta pregunta, pero para mí lo mínimo es amor; lo demás es secundario. Todo lo demás. Absolutamente todo. Porque si hay amor toda otra carencia es llevadera. Incluso fortalece. Desde luego, no es una desgracia ser hijo de pobres; sí lo es vivir sin unos padres que te quieran.
Sin embargo, las familias afirman que el motivo central para la retirada de los hijos ha sido la falta de recursos. ¿No tener dinero es motivo suficiente en este país para quitarle los hijos a alguien? ¿Esto es verdad? ¿Puede un funcionario determinar que una persona ha de perder a sus hijos porque no dispone de recursos? Si esto fuera así, ¿vemos qué cerca nos encontramos de prohibir que los pobres puedan cuidar a sus hijos?
Según la Ley, en Mallorca es el Institut d’Afers Socials quien retira las tutelas de los hijos. Como todo acto administrativo, es recurrible, pero en España estos contenciosos no tienen derecho a justicia gratuita, con lo que si estas familias no tenían recursos para los hijos, menos tendrán para un juicio.
Reconozco que no me aproximo a este asunto desde la imparcialidad. No, a mí que una familia esté un año en la intemperie pidiendo que le devuelvan a sus hijos me ablanda. Entre una familia que ofrece amor sin dinero y una institución que dispone de dinero sin amor, no tengo dudas. Para mí no hay color entre amar a un hijo y que te paguen por cuidarlo, como sucede con los funcionarios. No hay color entre ser padre las veinticuatro horas, trescientos sesenta y cinco días al año, y encargarse de la formación de un niño en horario de trabajo, durante los días a la semana que toca, excluidas vacaciones y fiestas de guardar. No dudo de quienes se encargan de estos servicios, pero un padre o una madre no tienen salario ni límites en su dedicación. Un padre o una madre son capaces de estar dos años durmiendo en la calle por los hijos.
Una de las afectadas por estas retiradas de tutela cuenta que, incapaz de mantener a su hijo, acudió a la institución a pedir ayuda económica y que, en lugar de apoyarla, le retiraron los hijos. Tiempo después encontró trabajo, pero siguen sin devolverle a sus pequeños, que están en un proceso administrativo de cesión a una familia o a una institución -las cuales, paradójicamente, sí cobran por ello- para más tarde iniciar un proceso de adopción.
Yo ignoro los recovecos legales de estos asuntos, pero tengo claro que una familia que es capaz de estar casi dos años así, debe de querer a sus hijos. Más cuando no se han marchado a casa agotados, sino expulsados por una orden judicial, porque al Consell le molestaba la protesta. Curioso que una institución integrada por gentes que reivindican el derecho a la protesta general, pida a la Justicia que retire a una familia que sólo exigía pacíficamente que les devolvieran a los hijos. Curioso.
Yo siempre pensé que este conflicto acabaría cuando alguien de la institución se sentase a hablar con esa gente indefensa. En una sociedad donde todo el mundo está del lado del débil, imaginaba que esto acabaría así. Nunca creí que a la protesta pacífica se le contestaría con una orden de expulsión. O sin una revisión del asunto. Así es como ha acabado. La encargada de esta área del Consell se explicó así ante la prensa: «Estos manifestantes han intentado poner en duda el trabajo, la profesionalidad, el rigor y la credibilidad de los profesionales del área de menores». Debería haber añadido «hasta ahí podíamos llegar».
¿Es que no son profesionales en otras autonomías, donde ceden estos niños a otros miembros de las mismas familias, porque, aducen, se logran mayores índices de éxito? ¿No son los niños lo más importante? ¿No están mejor con los abuelos, los tíos o los primos?
No sé si aquí hay una injusticia, pero siento que estamos tan cerca de ello que bien merecería la pena que estos asuntos tuvieran una segunda instancia, que pudieran ser estudiados por un tercero, que se les pagara un abogado a estas víctimas para que un juez decida. La «profesionalidad, el rigor y la credibilidad» de los funcionarios no debería temer a la transparencia.
Javier Mato es periodista y profesor del CESAG.
