Aportación

El sistema necesita cambios profundos

El último consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Protección  a la Infancia. Este anteproyecto no soluciona lo que pensamos es un problema muy importante: el excesivo poder de los técnicos para decidir el futuro de una persona (y su familia) con una simple resolución administrativa, sin control y por tanto arbitrariamente.

Frente a los países de nuestro entorno (Francia, Italia, Portugal, Inglaterra) en que la declaración de desamparo se realiza en sede judicial, aquí se favorece una mayor desjudicialización, incrementando las prerrogativas de la entidad administrativa.

En la práctica, esto se traduce en que profesionales ajenos al ámbito jurídico asumen tareas judiciales, lo que supone la rebaja o la desaparición de las garantías jurídicas (tal como existen en el derecho penal y sancionador): la presunción de inocencia, el derecho de defensa o el contraste de las pruebas. La consecuencia es que estamos ante un derecho de segunda clase y se incrementa la posibilidad de abusos y de arbitrariedad.”

Pedimos que la Ley establezca la intervención de un juez para decretar el desamparo, y no siga en manos de la administración y sin ningún tipo de control.